Con llamadas telefónicas amenazantes, furgonetas de pasajeros quemadas y al menos tres conductores asesinados a balazos, las pandillas callejeras más estrechamente asociadas con América Central están imponiendo su estilo de extorsión basada en el terror entre los conductores del transporte público en el sur de México.

Organizaciones de la delincuencia organizada, entre ellas las pandillas rivales Mara Salvatrucha y Barrio 18, llevan mucho tiempo presentes en la zona fronteriza entre México y Guatemala, pero las autoridades mexicanas dicen que su número ha aumentado durante el último año a medida que El Salvador ha tomado medidas enérgicas contra los pandilleros y sus actividades criminales.

Los conductores de camionetas de pasajeros y taxis, de quienes depende la gente para el transporte en Chiapas, un estado en gran parte rural, dicen vivir con miedo por su sustento o por sus vidas. Han reaccionado alarmados, realizando paros laborales temporales para llamar la atención de las autoridades. El dueño de una empresa de transporte en Tapachula ha comenzado a trasladarse acompañado de guardaespaldas.

Algunos admiten que han hecho pagos a los extorsionistas, luego de ver lo que le sucedió a los que no.

“Si no hacemos nada vamos a ser un Salvador en pequeño”, afirmó un líder de conductores en el pueblo de Huixtla, donde un chofer fue baleado por dos hombres en una motocicleta en febrero pasado. El hombre solicitó el anonimato por temor a represalias de las pandillas.

Varios conductores en Huixtla mostraron comprobantes a The Associated Press que documentan los pagos, con fechas de hasta hace un año.

En general, la extorsión comienza con alguien que sube al vehículo y entrega un celular al conductor, a veces mientras le apunta con un arma a la cabeza. Se indica a los choferes que entreguen el teléfono al propietario del vehículo, furgoneta o taxi, con lo que establecen una línea directa de comunicación.

Entonces comienzan las amenazas.

Las personas que llaman les demuestran a los propietarios que ya saben quiénes son, dónde viven, sus rutinas y sus medios de vida, según las grabaciones revisadas por agencias internacionales de noticias. Con acentos distintivamente centroamericanos, jerga salvadoreña y vulgaridades, piden inicialmente 50 dólares y después 50 dólares mensuales por cada furgoneta o taxi, explicó un representante de los choferes en Tapachula, quien también pidió el anonimato por miedo.

El ataque más reciente ocurrió el lunes, cuando un hombre no identificado hizo disparos en la terminal de transporte local en Cacahoatán. Nadie resultó herido, pero las balas alcanzaron una camioneta estacionada, lo que provocó que los conductores suspendieran su servicio. El atacante huyó con otro hombre en una motocicleta. Días atrás, una camioneta fue incendiada en el mismo municipio.

Las autoridades locales formaron una fuerza especial antipandillas y apostaron policías en las estaciones de transporte público. El ejército mexicano desplegó el mes pasado 350 soldados adicionales en las comunidades a lo largo de la frontera con Guatemala.

“La intención es realizar el apoyo del llamado de la población civil para disminuir los homicidios vinculados a la delincuencia organizada y el nivel de violencia que ha estado en aumento en los últimos días”, declaró Ángel Banda Lozoya, comandante del regimiento local del ejército.

Pero los conductores se siguen sintiendo expuestos, pues hacen paradas frecuentes en rutas rurales largas, por lo que el ejército no puede eliminar fácilmente una amenaza que llega sin ser vista a través de llamadas y mensajes amenazantes.

El fiscal estatal para asuntos migratorios de Chiapas, José Mateo Martínez, dice que la represión emprendida por El Salvador contra la delincuencia organizada explica el aumento de la actividad de estas pandillas en México. “Viene gente escondiéndose de eso, pero también vienen cabecillas a establecerse, a crear un grupo criminal acá”, explicó.

En marzo de 2022, El Salvador suspendió algunos derechos constitucionales como respuesta a un estallido de violencia. El estado de excepción ha continuado desde entonces, a pesar de las amplias críticas de las organizaciones de derechos humanos, con más de 60.000 personas detenidas bajo sospecha de tener vínculos con pandillas.

La aplicación de la ley ha sido menos contundente entre los vecinos de El Salvador: desde 2018 hasta noviembre de 2022, México arrestó y deportó a 97 salvadoreños presuntamente vinculados a pandillas, la mayoría en los últimos dos años, según la fiscalía del estado mexicano de Chiapas. La vecina Guatemala deportó a 90 presuntos pandilleros salvadoreños el año pasado, informó el portavoz de la Policía Nacional Civil, Edwin Monroy.

Las pandillas son transnacionales por naturaleza, con decenas de miles de miembros en Estados Unidos, Centroamérica y México. Las pandillas callejeras dominantes de El Salvador se formaron en Los Ángeles entre comunidades de inmigrantes que habían huido de conflictos armados en la década de 1980.

Luego de ser deportados, encontraron un terreno fértil para más violencia, cometieron crímenes en un país y después se escondieron en otro, y se mezclaron entre el flujo diario de migrantes a través de las fronteras.