«Al final de su vida útil, las baterías contienen muchos recursos valiosos y debemos poder reutilizar esas materias primas críticas en lugar de depender de terceros países para los suministros», declaró en un comunicado la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuyo país tiene la presidencia rotatoria del Consejo.
La también vicepresidenta española agregó que «las nuevas normas promoverán la competitividad de la industria europea y garantizarán que las baterías nuevas sean sostenibles y contribuyan a la transición ecológica».
El reglamento, pactado entre el Parlamento y el Consejo, se aplicará a todas las baterías, incluidos todos los residuos de baterías portátiles, baterías de vehículos eléctricos, baterías industriales, baterías de arranque y también las empleadas en vehículos y maquinaria, así como las utilizadas para medios ligeros de transporte, como bicicletas eléctricas o ciclomotores.
La normativa pretende fomentar la circularidad de esos dispositivos y por ello establece «requisitos para el final de la vida útil, incluidos objetivos y obligaciones de recolección, objetivos para la recuperación de materiales y responsabilidad extendida del productor», agregó el Consejo.
En concreto, los productores tendrán que recoger el 63 % de los residuos de pilas portátiles en 2027 y elevar ese umbral hasta el 73 % a finales de 2030.
