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Norman Quijano propone multas de hasta $5 mil a funcionarios que retrasen declaración de probidad

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Advierte que el presidente, Nayib Bukele, y su Gabinete ha incumplido

 

El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado por el partido Arena, Norman Quijano, propuso una serie de reformas a la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, con lo que busca incrementar las sanciones a quienes retrasen o no presenten la declaración de probidad.

La petición del parlamentario toma relevancia, debido a que ya pasó más de un mes de la toma de posesión del presidente, Nayib Bukele, y aún no ha presentado su declaración ante la sesión de probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tampoco lo han hecho algunos de sus funcionarios.

En este sentido, Quijano presentó este día una pieza de correspondencia con la que solicita se reformen los artículos 17, 18 y 19 de la mencionada Ley. Las reformas propuestas corresponden al monto al que ascienden las multas y los periodos de tiempo para presentar las declaraciones de los bienes en dominio.

De momento, la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos establece un lapso de tiempo de 60 días para que los funcionarios y empleados públicos rindan por escrito la declaración jurada del estado de su patrimonio, ante la CSJ por medio de la sección de probidad.

Ante esto, Norman Quijano propone que el tiempo se reduzca a 15 día después de la toma de posesión o el inicio de las actividades.

En cuanto a las multas, por el momento la ley establece que los funcionario o empleados públicos que excedan el tiempo estipulado recibirá multas de 100 a cinco mil colones. Según el diputado esto promueve a que se omita la declaración.

Por ello promueve que al excederse un plazo de 15 días se multe con $500, al sobrepasar de 16 a 30 días se imponga una sanción de $1000 y finalmente una sanción de $5000 al exceder un retraso de 31 a 60 días.

«Las otras reformas a la Ley de Enriquecimiento Ilícito son cesar de su cargo al funcionario y que los funcionarios de elección popular o de segundo grado, además de la multa, queden inhabilitados para futuros procesos de elección por no declarar su patrimonio en el plazo», explicó Quijano.

Por su parte, la organización Acción Ciudadana respalda la postura del parlamentario al afirmar que debe haber mayor rigurosidad en cuanto a la vulneración de esa obligación.

«Para nosotros es importante que se modernice el instrumento jurídico como es la Ley de Probidad, debe ser sobre declaraciones de intereses y de patrimonio de funcionarios, así como sanciones más rigurosas para quienes no cumplan la Ley», dijo Eduardo Escobar, Director Ejecutivo de la organización.

 

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