El Juzgado Primero de Sentencia de San Miguel suspendió el juicio contra cuatro supuestos integrantes de los «Escuadrones de la Muerte», acusados de secuestrar, torturar y asesinar a cinco personas civiles en el cantón San Andrés, municipio de San Miguel, en 1981. Los procesados son José de la Cruz Orellana, Luis Alonso Benavides Polío, José Inés Benavides Martínez y Ángel Aníbal Alvarado Benítez.
La vista pública fue suspendida debido a la ausencia de tres abogados defensores, lo que generó preocupación por la dilación de la justicia y la revictimización de las familias involucradas. David Morales, representante de Cristosal, expresó su lamentación ante esta situación, destacando el largo tiempo que las familias han esperado y su voluntad de contribuir al proceso judicial.
Según la Fiscalía, el 7 de abril de 1981, un grupo de hombres vestidos con uniformes militares sacó a las cinco víctimas de sus hogares y las subió a vehículos con rumbo desconocido. Al día siguiente, los cadáveres de las víctimas fueron encontrados enterrados con señales de tortura y heridas de bala en el cantón Caulotillo, municipio de El Carmen, departamento de La Unión. Las víctimas fueron identificadas como Ángel María Chávez Benavides, María Verónica Ernestina Aguilar de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Antonio Magaña Castellón y Rogelio de la Cruz Magaña Castellón.
Se ha señalado que los procesados son los autores materiales de un crimen de guerra, mientras que los altos jefes militares aún permanecen impunes. En agosto de 2021, las autoridades detuvieron a José Benavides y José Orellana, quienes enfrentan el proceso penal en libertad condicional. Por su parte, De la Cruz Orellana se encuentra detenido, mientras que se desconoce el paradero de Alvarado Benítez.
🔴 David Morales, jefe de del equipo de #JusticiaTransicional de Cristosal, explica que este caso sienta un precedente muy importante en el país. pic.twitter.com/wAwNGBqJrx
— Cristosal (@Cristosal) May 15, 2023
El tribunal, que originalmente conoció el caso, declaró la masacre como un crimen de lesa humanidad en el contexto de la guerra civil salvadoreña (1980-1992). Los «Escuadrones de la Muerte» eran grupos paramilitares de extrema derecha que llevaron a cabo acciones en contra de personas de la oposición política, críticos de los gobiernos de turno o sospechosos de pertenecer a la guerrilla.
La guerra civil en El Salvador dejó aproximadamente 75,000 personas fallecidas, alrededor de 8,000 desaparecidas y cientos de masacres. Después de una amnistía declarada en 1993, pasaron más de dos décadas sin que los crímenes de guerra pudieran ser juzgados.
