El Presidente, Nayib Bukele, acatará las medidas cautelares de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por las que le pide a su Gobierno abstenerse de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades que pongan en riesgo la forma de gobierno y la separación de poderes en ese país centroamericano.
«Aunque no compartamos lo resuelto por la Sala de lo Constitucional, en relación a dichas medidas, acataremos la orden emanada» de la CSJ, se lee en un comunicado de la Presidencia y el consejo de ministros.
La CSJ emitió la resolución un día después de que Bukele entrara con el ejército a la Asamblea Legislativa para impulsar la aprobación de un préstamo para la tercera fase de su plan de seguridad, en una imagen que hizo saltar las alarmas en su país y en el exterior.
Con la medida, Bukele quería que los miembros de la Asamblea, de mayoría opositora, aprobaran el crédito para su plan de lucha contra las pandillas, con el que hasta ahora ha conseguido frenar considerablemente los índices de homicidios. Pero la decisión de hacerlo rodeado de militares armados y llamando a la población a una «insurrección» provocó el rechazo de los diputados, incluso los de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), la coalición con la que llegó al poder, y también la condena de la CSJ.
En una decisión tomada por los cinco magistrados que integran el máximo tribunal de justicia este lunes, la corte ordenó además al ministro de la Defensa y al director de la Policía Nacional Civil «que no ejerzan funciones y actividades distintas a las que legalmente están obligados» y exigió al Consejo de Ministros el cese de los efectos de convocatoria girada con el propósito de una sesión extraordinaria para aprobar el préstamo.
El domingo, tras ver frustrada su convocatoria, Bukele dio un plazo de una semana (hasta el domingo próximo) a la Asamblea Legislativa para aprobar el préstamo de 109 millones de dólares para equipar al ejército y policía.
En su comunicado, la Presidencia asegura que el gobierno se ha mostrado «en todo momento respetuoso del principio de separación de poderes» y asegura que las medidas cautelares de la CSJ «podrían dificultar el efectivo trabajo» del ejecutivo y pide a la Sala Constitucional tener en cuenta los «intereses de la República en el tema de seguridad» a la hora de pronunciar la sentencia definitiva que corresponda.
En ese sentido, pidió una «interpretación que permita la adaptabilidad de la Constitución a las realidades del momento, de manera que no coarte la potestad válida y vigente conferida al Consejo de ministros, por medio de la disposición constitucional relacionada».
