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Gobierno y sociedad civil buscan proteger Tacuscalco y río Ceniza

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Representantes de la sociedad civil organizada se reunieron —el 7 de mayo de 2018— con la comisionada presidencial para los Derechos Humanos, María Silvia Guillén; la ministra de Cultura, Silvia Elena Regalado; y la directora de Evaluación y Cumplimiento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Celina de Monterrosa, para hablar sobre acciones a tomar para detener la destrucción del sitio arqueológico Tacuscalco y la contaminación del río Ceniza a causa del proyecto Urbanización Las Victorias (Acrópoli Sonsonate), de la empresa Fénix S. A. de C. V.

“El señor presidente (Salvador Sánchez Cerén) está muy interesado en darle seguimiento a la solución del problema en Tacuscalco, consciente de que esto ya está en instancias judiciales. La idea es escuchar cuáles son las preocupaciones de las comunidades de la sociedad civil que están apoyando todo este esfuerzo, para tener en cuenta estos elementos y ver cómo se puede fortalecer una situación dentro del marco de la ley”, dijo Guillén.

De uno en uno, los representes de organizaciones ambientalistas, indígenas y pobladores de las cercanías del sitio arqueológico expresaron sus preocupaciones por la construcción de dicha residencial: “Río abajo vivimos unas mil 500 personas que hacemos uso del río y no puede ser que se esté favoreciendo a una empresa por sobre todos los derechos humanos de los habitantes. El río es nuestra fuente de vida”, expresó don Román Cartagena, de la comunidad La Bolsona, de Nahulingo.

Y es que según las organizaciones ambientalistas, el proyecto de la urbanización ha previsto lanzar al río Ceniza las aguas residuales, lo cual lo contaminaría aún más y pondría en riesgo la salud de los habitantes de once comunidades, que además de usar el agua para los servicios domésticos la utiliza para el cultivo de hortalizas y pastizales para el ganado.

Por otra parte, está el problema de la destrucción de materiales culturales y estructuras que formaban parte del centro ceremonial del sitio arqueológico, las cuales han sido arrasadas por la maquinaria y la edificación de casas dentro de los límites culturales del sitio, sin contar con los permisos establecidos en la Ley Especial de Protección del Patrimonio Cultural de El Salvador y su Reglamento (LEPPCES), explicó el director de Arqueología del Ministerio de Cultura, Hugo Díaz.

En este sentido, la ministra Regalado recalcó que la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura no ha cedido a presiones. “Hemos actuado en consecuencia al deber que tenemos, que es la Ley de Patrimonio y su reglamento. Yo creo que es fundamental unirnos, porque el Estado solo no puede. Necesitamos de las diferentes instituciones y de la comunidad para resolver esta situación”, expuso la funcionaria.

En la reunión participó el equipo de abogados del Ministerio de Cultura, que explicó los avances que se han tenido en términos legales. El abogado Napoleón López dijo que, a finales de abril, el Tribunal Contencioso Administrativo emitió una resolución provisional en la que negó la petición de FÉNIX de “detener los efectos de la resolución de la dirección de patrimonio que le dictó paro de obra”. “La empresa pedía continuar construyendo, pero nosotros presentamos los argumentos necesarios para demostrar el interés público y la cámara les denegó”, esto significa que el paro de obra es legal y válido, declaró el jurista.

Esta sería la segunda resolución provisional que emite un tribunal de justicia. La primera se dio el 16 de abril, cuando la jueza ambiental de Santa Ana, Norma Lemus, decretó el “cierre temporal técnico de la construcción”,  por no contar con permisos del MARN para desarrollar el proyecto.

Luz Marina Gutiérrez, representante de la sociedad civil, denunció los atropellos a la identidad cultural y a la ecología por parte de “empresas que no solo se niegan a cumplir con la ley, sino que además amenazan con demandar a entidades que están promoviendo la protección y rescate del sitio de Tacuscalco” e hizo un llamado “para que el Gobierno actúe de manera incisiva en este caso y apliquen la ley”.

Finalmente, la comisionada Guillén manifestó que se seguirán todos los procedimientos judiciales para darle protección al sitio y al río Ceniza, y que se va a hacer una propuesta para contribuir a resolver de mejor manera el problema. “Con las dos ministras (Cultura y MARN) podamos trabajar un camino a seguir para proponérselo al presidente, teniendo en cuenta que esto ya está en la Fiscalía y en los juzgados, y que al final se decidirá en esos ámbitos”.

Participaron en la reunión representantes de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), del Comité Ambiental de San Julián, la Mesa para la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO), la Asociación Pueblos Indígenas Náhuat y representantes de las comunidades de Nahulingo, junto a la directora general de Patrimonio Cultural y Natural, Irma Flores, y miembros del Departamento de Pueblos Indígenas.

 

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